Elizabeth García: “El acceso a la justicia es parte de los derechos humanos”

Cuando el CIDES fue creado como centro de investigaciones orientado a la reforma legal, quizá  no había otro en el país. Por las investigaciones que realizamos teníamos mucha cercanía con las comunidades urbanas y rurales ecuatorianas, donde luego se llevaron a cabo programas de educación legal. Estas personas sabían que no tenían a su alcance mecanismos de exigibilidad de sus derechos. Por los altos costos, la ciudadanía no tenía la posibilidad de contratar abogados o cualquier proceso judicial tardaría muchísimo tiempo. Esta experiencia dio lugar al proyecto que visibilizó al CIDES a nivel nacional: el manejo alternativo de solución de conflictos.

Al inicio de los años 90 los métodos alternativos para resolver conflictos, y la mediación específicamente, estaban empezando a tener mucho éxito en otros países latinoamericanos. Así que, en el año 1992, buscamos espacios en comunidades indígenas y en organizaciones barriales de Guayaquil y de Quito y en muchas zonas de la Sierra y del Oriente para analizar si estos métodos alternativos podrían servir aquí en el Ecuador, para dar respuesta a la necesidad de acceso a la justicia.

Puedo decir que nosotros fuimos primeros en el área de manejo de conflictos en el país, en la difusión de estas alternativas y en levantar un interés en la población ecuatoriana para que estos procesos puedan servir como método de administración de justicia. Después hubo financiamiento por parte de agencias internacionales para cámaras de comercio y otros espacios para promover los métodos alternativos de solución de conflictos, pero todos estos proyectos resultaron ser proyectos más urbanos.

Entre 1992 y 2000, con financiamiento primero del National Endowment for Democracy-NED y después de USAID/Ecuador trabajamos permanentemente en la formación de mediadores, negociadores y en general para difundir estos procesos, capacitando a gente en todo el país. Al principio, cuando los mediadores estaban capacitados y trabajando, se confirmó que las formas de manejar los conflictos al interior de comunidades indígenas son muy parecidas a las propuestas alternativas. Fue una forma de potencializar lo que es la práctica de diálogo al interior de las comunidades. Mientras que en zonas urbanas sí resultó algo novedoso pues en las ciudades se pierde mucho la práctica de dialogar para solucionar los problemas.

En los inicios del programa de manejo de conflictos, algunos mediadores comunitarios se sentían incómodos de que estaban haciendo algo fuera de lo legal porque entonces no había una ley que les autorizaba. De hecho sufrieron algunas amenazas de autoridades. Por eso, cuando se aprobó la Ley de Arbitraje y Mediación en el año 1997 fue un alivio, pues logramos que además se incluya un capítulo especial de la mediación comunitaria. Como directora del CIDES sentí que fue una legitimación de nuestro trabajo. Después de que la ley entró en vigencia se incrementó el interés en todo el país sobre cómo los métodos alternos de conflictos iban a funcionar, así que para hoy ya son métodos bien aceptados por la sociedad ecuatoriana en general.

Después el CIDES tuvo dificultades de financiamiento para sus programas, porque el trabajar en temas de justicia vinculados con manejo de conflictos fue visto como temas saturados por las agencias de cooperación; muchas organizaciones estaban haciendo lo mismo. De hecho, el financiamiento para proyectos no llegaba en estas áreas porque había en el Ecuador temas muchísimo más urgentes como las de alimentación,  salud o educación. Entendíamos plenamente la crisis económica, pero no puede dejar de verse que también es parte de los derechos humanos el acceso a la justicia.

Como los índices de pobreza y la falta de acceso a la justicia todavía son altos, el manejo alternativo de solución de conflictos sigue siendo una alternativa válida. En este sentido puedo decir que nosotros fuimos actores directos en un cambio en la sociedad ecuatoriana. Aun cuando luego hubo la creación de muchísimas otras organizaciones que trabajaban temas muy parecidos a los nuestros, siempre el CIDES ha sido un referente en algunas áreas de trabajo: en el área de la justicia, en manejo de conflictos y programas de reforma legal y de mejoramiento del acceso a la justicia.

También hubo cambios dentro del CIDES. Empezamos siendo una organización que hacía investigaciones y luego desarrollamos programas de acción donde, por un lado estaba la difusión de derechos con enfoque de equidad y perspectiva de género. Por otro lado, se trabajaba en procesos de formación de mediadores en organizaciones comunitarias, transfiriendo la metodología. Quienes integramos el CIDES también participamos como asesores en procesos de reforma constitucional y legal. Hay que destacar que cualquier propuesta de reforma legal incluye un proceso de consulta y validación antes de ser presentado para la aprobación. Crecimos con nuestro trabajo porque se reconoció que fue importante, y muchos de los que apoyamos al CIDES seguimos trabajando comprometidos con lo que es la defensa de derechos.

La preocupación principal del CIDES siempre ha sido el interés por los más necesitados, sean niños, niñas, adolescentes, sean mujeres, indígenas, personas con discapacidades y minorías en general. Estos fueron los elementos que nos juntaron para trabajar y para creer en procesos de esta naturaleza.

Trabajamos mucho en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, del tema de niños y cómo mejorar su protección legal. Entonces finalmente descubres que hay una tendencia en el trabajo del CIDES. Para sobrevivir, a lo largo de los años no hemos saltado de un tema a otro. La identidad nuestra siempre ha estado alrededor de grupos en situación de riesgo, población vulnerable.

De alguna manera la gente ha vinculado al CIDES con los nombres de las personas que hemos estado ahí. La calidad personal y humana de todos estos profesionales ha puesto un sello en el CIDES, y esto ha dado credibilidad. Quizás esta es la razón de sobrevivencia del CIDES.

Podemos decir que el Ecuador es un país que ha reconocido muchos derechos a nivel legal, a pesar de que no todos se pueden exigir fácilmente. Pero hay un grado de conciencia mayor sobre cuales son tus derechos y cuales son los deberes de todos los ciudadanos, y esto vale mucho la pena.

También se ha impactado en el escenario político. No es una casualidad que las organizaciones indígenas por ejemplo hayan logrado una participación política inusitada. Las organizaciones con las que hemos trabajado han sido más activas que otras. Puedo mencionar la población en la zona de Otavalo o en general en Imbabura, donde hemos trabajado muchísimos años. Lo mismo en Napo, incluyendo la zona que ahora es la provincia de Orellana. Entonces, el escenario político ha ido cambiando donde además se reconocen como actores legítimos a personas de organizaciones sociales que antes no tenían acceso a la política.

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