Auditoria Social a la Función Judicial

 

“Queremos acercar los jueces a la sociedad”

 

“Una justicia transparente y predecible” es el objetivo del nuevo proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) que ejecuta el CIDES con la asesoría técnica de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) poner link a http://www.cajpe.org.pe/ pero todavía estamos esperando la autorización. Cuando la tengamos también poner link en lista de enlaces. El proyecto busca mejorar la legitimidad de los jueces y fortalecer su independencia. Se realiza desde julio del 2008 en las tres principales sedes de Cortes Provinciales de Justicia, es decir en Quito, Guayaquil y Cuenca. Participan juzgados de las áreas de Trabajo, Niñez y Adolescencia, Penal y Civil.

 

Para su implementación se firmaron convenios con tres universidades: Pontífica Universidad Católica del Ecuador en Quito, Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) y Universidad Estatal de Cuenca. Los jueces y juezas de las áreas descritas envían sus sentencias a los estudiantes de estas tres universidades, quienes con el apoyo de sus profesores las revisan. ¿Hubo una citación? ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿En qué fundamentó el juez su resolución? Son algunas de las preguntas que se plantean. En total participan 105 estudiantes de derecho.

 

Las sentencias y los resultados de este análisis se publican en un nuevo portal creado para este proyecto: www.juecestransparentes.ec

 

De antemano, se han elaborado formatos para el análisis y se han llevado a cabo  capacitaciones con l@s 11 jueces y todos l@s estudiantes que participan en el proyecto para que conozcan la forma de recolección y procesamiento de información y cómo subirla al sistema digital.  

 

A través de esta iniciativa, el MJDH, CIDES y la CAJ buscan que la Función Judicial incorpore a los ciudadanos en sus actividades, especialmente en los procesos de evaluación de las decisiones judiciales. “Queremos acercar a los jueces a los y las ciudadanos, para que la información judicial esté más al alcance de la sociedad”, destaca Carlos Arroba, Coordinador de Campo del proyecto.

 

El 7 de enero del 2009 se entregarán los resultados del proyecto al Ministerio, el cual tiene previsto ampliarlo y buscar la cooperación de más jueces y más universidades.

 

Actualizado el 17 de diciembre del 2008

Diagnóstico Derechos de Niños

Protección de la Niñez y Adolescencia: Evaluación y Sistematización del Funcionamiento de la Junta Cantonal

La Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito empezó su trabajo en agosto del 2004. Su deber es aplicar medidas administrativas para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón en casos concretos, de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia (vigente desde julio de 2003). En cambio, el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (COMPINA) es responsable de definir políticas para garantizar los derechos de los niños, niñas y  adolescentes del cantón.

 
 

En enero del 2007, el CIDES fue contratado por el COMPINA para evaluar y sistematizar el funcionamiento de la junta en el cumplimiento de su mandato legal. El estudió promovió procesos entre los miembros de la junta para mejorar su trabajo y desarrollar entre el COMPINA y la junta los mecanismos de coordinación y de colaboración que hagan más eficiente su labor.

 
 

Los resultados fueron analizados por las autoridades y se presentaron a las diversas organizaciones con las que debe trabajar la Junta en red. Debe destacarse que el diagnóstico sirvió para justificar la creación de una nueva Junta en el norte de Quito (Administración de La Delicia) y la reubicación de la primera Junta, en el centro de la ciudad.  

 
 

Además, el diagnóstico y la sistematización han servido para definir falencias de la junta existente y mejorar los procesos de administración y gestión. Así, en base de las sugerencias del CIDES se han considerado algunos elementos para la elaboración del  reglamento interno de las Juntas, se ha unificado el registro de casos y se cuenta con un perfil para la selección de nuevos miembros y colaboradores de las juntas, entre otros.

 
 
 

Metodología realizada:

 
 

El diagnóstico se realizó a través de encuestas, entrevistas y observaciones del servicio de la Junta. Se hizo una revisión de la documentación sobre asuntos administrativos y resoluciones de la Junta, y para verificar el cumplimiento de los plazos se analizaron casos de violación de derechos. Para revisar las estrategias propuestas, se realizaron reuniones de socialización con representantes de diversas entidades, gubernamentales y no gubernamentales, comprometidos con la protección de derechos de la niñez y adolescencia en el cantón y se trabajó desde la información generada con los nuevos miembros de las dos juntas.

Investigación sobre el Menor ante la Ley

Recién creado, el CIDES en el 1987 y 1988 mediante contrato con el INNFA y con financiamiento de UNICEF ejecutó una investigación global sobre el régimen legal aplicable a niños, niñas y adolescentes y su sistema de justicia. El objetivo fue obtener un diagnóstico sobre el funcionamiento de los entonces Tribunales de Menores y sus criterios de decisión sobre conflictos en las cuestiones atinentes a los niños. Se buscó identificar los factores que incidían en la actuación y en la toma de decisiones de ésta judicatura y de los jueces comunes que conocían en el Ecuador estos asuntos.

Un resumen del informe final ha sido publicado bajo el título "El Menor ante la Ley" por la Corporación Editora Nacional (Quito, 1991 ISBN 9978-84-149-0).  Tiene dos partes: Una sobre lo que dicen las leyes y la otra sobre cómo se aplican las leyes en los juzgados y en los centros para los menores.

 

Este estudio sirvió para reformar el antiguo Código de los Menores y creó los antecedentes de lo que ahora es el Código de la Niñez y Adolescencia, aprobado en el 2003, en base a los principios de protección integral y del interés superior.

Investigación sobre derecho consuetudinario de los pueblos indígenas

El estudio "El derecho y los pueblos indígenas" se realizó en el 1990 y fue una primera investigación sobre cómo el derecho consuetudinario estaba aplicado por comunidades indígenas. Era un tema desconocido por el sistema de justicia occidental.

El estudio se hizo bajo contrato con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Fue financiado por el Ministerio de Bienestar Social (hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES).

 

Diagnóstico para el Ministerio de Trabajo

En 1990, bajo contrato con el Ministerio de Trabajo del Ecuador y en cooperación con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), se concluyó un diagnóstico sobre la administración de justicia laboral con énfasis en la identificación de los criterios judiciales. El estudio tuvo por objeto ofrecer elementos para una reforma legal de los procedimientos judiciales.
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